URUGUAY EN LOS AÑOS 60: DE LOS COLEGIADOS BLANCOS AL GOLPE DE ESTADO

PRIMERA PARTE:
LOS AÑOS SESENTA


LAS ELECCIONES DE 1958
La dureza de la crisis económica que se abatió sobre el Uruguay a partir de mediados de la década del 50 y cuya manifestación más irritante a nivel popular fue la inflación, erosionó la imagen del “quincismo” y de su líder Luis Batlle. No debe extrañar que en las elecciones de noviembre de 1958 el Partido Nacional obtuviera el triunfo luego de casi un siglo de no tener el poder ejecutivo en sus manos.
Una vez más los partidos llamados tradicionales se presentaron divididos en varias corrientes internas (sublemas y listas). En el Partido Nacional había tres grandes grupos: la alianza de Herrera y Nardone (herreristas-ruralistas), la Unión Blanca Democrática (UBD) y los “intransigentes”. En el partido Colorado también se distinguían tres sectores: la lista 15 de Luis Batlle, la lista 14 de Cesar Batlle Pacheco y la lista 16. Un grupo de colorados encabezados por Alberto Demichelli votó fuera del lema colorado.
En el triunfo del Partido Nacional incidió, además del desprestigio del anterior gobierno colorado, el aporte en votos que hizo el ruralismo dirigido por Benito Nardone (Chicotazo). Nardone había iniciado su actividad pública como gremialista rural teniendo enorme repercusión en el medio rural a través de su programa en CX4 Radio Rural donde realizaba duras críticas al sector político bajo el seudónimo de “Chicotazo”.Su prédica se dirigía contra el estatismo y los vicios que había originado (burocracia, clientelismo político, etc), reclamando que el gobierno atendiera la situación de los habitantes del campo. En 1951 convocó a un congreso de delegados de agremiaciones rurales y se formó la Liga Federal de Acción Ruralista. Esta organización primero actuó como grupo de presión económica y luego tomó un carácter político aliándose a los sectores más conservadores de los partidos tradicionales. Su campaña radial se encaminó a atacar al batllismo quincista que tenía en ese momento la mayoría del Consejo Nacional de Gobierno y, finalmente, en 1958, Nardone realizó una alianza con Luis Alberto Herrera apoyandolo en las elecciones.
Pero a un mes escaso de haberse efectuado las elecciones la alianza entre herrerismo y ruralismo comenzó a deteriorase por discrepancias en la orientación que se le daría al gobierno y por el reparto de cargos. A comienzos del año 1959, el diario herrerista “El Debate” calificaba a Nardone de “intruso” y “comadreja colorada” haciendo alusión a la militancia de Nardone en el Partido Colorado en su juventud.

EL PRIMER COLEGIADO BLANCO Y LA REFORMA ECONOMICA
El nuevo gobierno, que asumió en marzo de 1959, trajo un cambio radical en sus concepciones económicas y sociales aplicando un modelo liberal en lo económico y tratando de desarticular el estado benefactor creado por el batllismo. Estos cambios de rumbo se concretaron el la Ley de Reforma Cambiaria y Monetaria presentada por el Ministro de Hacienda Juan Eduardo Azzini y que fue aprobada en le Parlamento en diciembre de 1959.
La reforma consistió en:
a) la supresión del sistema de cambios múltiples y los tratamientos cambiarios preferenciales que se venía aplicando como parte del modelo neobatllista. Se argumentaba que ese sistema era incompatible con la libreimportación que el nuevo gobierno quería instaurar y además había provocado la descapitalización del Bando República por vender dólares baratos a los importadores de maquinarias para las fábricas. El nuevo sistema permitía la fijación del valor de las monedas por la oferta y la demanda. Al implantarse este sistema se elevó el valor del dólar de 4 a 11 pesos.
b) la libre importación, eliminándose el control a las importaciones.  Se aclaraba que la libre importación alcanzaba incluso a los productos suntuarios y que sobrevivirían aquellas industrias nacionales que fueran eficientes, desapareciendo aquellas que se habían mantenido gracias a la protección estatal. Azzini señalaba que el sistema de cuotas o permisos de importación que otorgaba el gobierno había beneficiado a determinados importadores que tenían un monopolio y que en muchos casos se aprovechaba el dólar barató que se daba a algunos tipos de importación, para introducir mercadería que luego se vendía a otros países y no quedaba en Uruguay.
c) la eliminación de los subsidios a la producción agrícola, que había practicado el neobatllismo fomentando cultivos que luego se industrializaban: trigo, lino, girasol, remolacha, etc. Se argumentaba que los subsidios endeudaban al estado.
d) disminución de la cantidad de oro del peso uruguayo, lo que en los hechos significó una devaluación, medida que favoreció al sector rural exportador que recibió más pesos por las dólares provenientes de las exportaciones.
¿Cuál fue el resultado de la Ley de Reforma Cambiaria y Monetaria?
En primer lugar aumentaron las importaciones lo que permitió superar las carencias que existían de algunos productos. La libre importación (que no fue total porque se mantenían barreras aduaneras), la eliminación de los dólares baratos para las importaciones de maquinaria, materia prima y combustibles y la devaluación del peso, perjudicaron a las industrias nacionales que no pudieron competir con los productos extranjeros que ingresaban a Uruguay.
El aumento de las importaciones (60% entre 1959 y 1962) mantuvo el déficit de la balanza comercial y contribuyó a aumentar la deuda externa, ya que hubo que recurrir a préstamos del exterior. Hasta el momento se habían usado las reservas acumuladas en el país durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea, pero se agotaron y hubo que recurrir a los préstamos.
Otra consecuencia de la reforma fue el aumento de la cantidad de bancos que ahora podían dedicarse a la compra y venta de moneda extranjera.


Esta reforma económica seguía las orientaciones dadas por el Fondo Monetario Internacional, del cual había llegado una misión en el mes de julio, pocos meses antes de la reforma. El FMI se creó al finalizar la Segunda Guerra Mundial con el objetivo de procurar que los países mantuvieran un equilibrio en sus balanzas de pagos. En caso de desequilibrio el FMI actúa para que esos países obtengan financiación, pero a cambio esos países deben firmar una “carta de intención” donde se comprometen a cumplir con las recomendaciones que aquel organismo les da. Esa especie de “receta económica” que el FMI establece para los países, consiste en : tener un sistema de cambio de moneda único y librado a la oferta y demanda, libertad para las importaciones y para el ingreso de capital extranjero, contención de los salarios por debajo de los precios, supresión del proteccionismo, estímulo a la actividad privada y no intervención del estado en la economía. Además, los países que reciben los préstamos y firmen las cartas intención, deben permitir las visitas del FMI para controlar el cumplimiento de dichas recomendaciones.
En setiembre de 1960, poco más de un año después de la primer visita del FMI, el gobierno uruguayo, con mayoría herrerista, firmó la primera carta de intención. La oposición parlamentaria pidió explicaciones al ministro Azzini. Este respondió que el gobierno mantenía su independencia en materia económica a pesar del acuerdo con el FMI. Sin embargo ni a la oposición ni a la opinión pública se les escapaba la coincidencia de las medidas tomadas por la Ley de Reforma Cambiaria y las propuestas del FMI.
La situación económica provocó una mayor agitación social sucediéndose las huelgas como las del transporte, ANCAP, UTE, Frigorífico Nacional y ferroviarios entre otros. En algunos casos el gobierno reaccionó tomando medidas prontas de seguridad y reemplazando a los trabajadores en huelga por funcionarios militares. Los Consejos de Salarios, donde patrones y trabajadores negociaban los sueldos y las condiciones de trabajo, siguieron funcionando, llegandose a algunos acuerdos como los de la industria textil.
Al aumentar los conflictos el herrerismo intentó reglamentar la actividad sindical, lo que en los hechos significaba su limitación. El intento fue rechazado por la UBD, el batllismo y la izquierda.

LAS ELECCIONES DE 1962
Para las elecciones de 1962 se produjeron realineamientos en los partidos. En el Partido Colorado un sector de los seguidores de Luis Batlle se desprendieron de la lista 15 y formaron la lista 99. Su principal dirigente era Zelmar Michelini y reivindicaban los contenidos tradicionales del batllismo que entendían se habían opacado en el último gobierno colorado. Michelini había sido dirigente sindical de los bancarios y diputado desde 1954. Utilizaba un lenguaje radical y renovador y chocaba con los sectores más conservadores del P. Colorado. Planteaba la necesidad de una mejor distribución de la riqueza, cambios en la tenencia de las tierras y el antimperialismo.
Un intento de acercar a la lista 15 con la 14 fracasó y ambas llevaron sus propios candidatos. En la 15 Luis Batlle seguía siendo la figura dominante y la 14, que pasó a llamarse “Unión Colorada y Batllista” llevaba como figura principal al General Retirado Óscar Gestido.
En el Partido Nacional tras la muerte de Luis Alberto de Herrera, en 1959, el herrerismo se dividió. Un sector dirigido por Eduardo Víctor Haedo y Alberto Heber, hicieron una alianza con la UBD. Otro sector, encabezado por Martín Etchegoyen mantuvo la alianza con Nardone. Un tercer grupo, la lista 41 de Enrique Erro, salió del Partido Nacional y realizó un acuerdo con el Partido Socialista.
En la izquierda se produjeron novedades. Tanto socialistas como comunistas realizaron una política de alianzas con sectores desprendidos de los partidos tradicionales. El Partido Socialista abandonó su postura moderada y cercana a la socialdemocracia europea para volcarse a posturas nacionalistas y antimperialistas, rechazando su tradicional política de conseguir pequeñas reformas por una línea revolucionaria y leninista, cuyo principal ideólogo era Vivián Trías.  Este proceso de radicalización, que se dio en muchos grupos políticos latinoamericanos, estuvo influenciado por la Revolución Cubana. A las elecciones se presentó en un alianza con un sector separado del P. Nacional y bajo el nombre Unión Popular.
Por su parte el Partido Comunista en su decimoctavo congreso, celebrado en agosto de 1962, proclamó la necesidad de “una unidad sin exclusiones” para aglutinar fuerzas políticas que estuvieran dispuestas a llevar adelante una “revolución agraria antiimperialista y emprender el camino del socialismo”. Con algunos pequeños grupos desprendidos de blancos y colorados formó el FIDEL (Frente Izquierda de Liberación).
La Unión Cívica, que en 1958 había perdido un tercio de su electorado, se dividió. Un sector mantuvo el nombre y su tradicional postura católica conservadora, mientras que otro sector se acercó a las ideas de izquierda y pasó a llamarse Partido Demócrata Cristiano.
Las elecciones realizadas el 24 de noviembre de 1962 volvieron a dar la victoria al Partido Nacional pero con un margen más ajustado que en 1958. Dentro de este lema el sector más votado fue el del acuerdo de la UBD con Haedo y Heber.

EL SEGUNDO COLEGIADO BLANCO
La labor del segundo colegiado blanco se vio paralizada por la búsqueda de acuerdos para poder tener mayorías en el parlamento y por los enfrentamientos dentro del propio partido gobernante (enfrentamiento de herreristas y ubedistas, separación del Movimiento de Rocha de la UBD, etc). Estas múltiples divisiones, agravadas por el fallecimiento de Nardone y de Fernández Crespo, líderes del ruralismo y de la UBD respectivamente, debilitaron al gobierno que no pudo hacer frente al deterioro de la economía.
La división de los partidos tradicionales en corrientes y listas asumía características cada vez más complejas. Para gobernar se requería entrar en negociaciones para lograr apoyo y esos acuerdos implicaban, generalmente, un reparto de cargos.
Para obtener respaldo en las cámaras y aprobar el presupuesto, la UBD tuvo que recurrir al apoyo de la lista 99 (colorada) y del Partido Demócrata Cristiano. La interpelación a los ministros blancos de Hacienda (Salvador Ferrer Serra) y de Ganadería (Wilson Ferreira Aldunate) por los propios senadores blancos, demuestra el grado de diferencias que había dentro del partido gobernante.
Durante el segundo colegiado blanco, en 1963, se dio a conocer el informe de la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico (CIDE). Esta había sido creada en 1959 con el objetivo de que hiciera un análisis de los problemas del Uruguay y recomendar soluciones. La CIDE hizo un diagnóstico del estancamiento económico encontrando sus causas en:
-el estancamiento del agro provocado por el latifundio, el minifundio y la falta de tecnología.
-la falta de competencia de la industria nacional que dependía de insumos importados (combustibles, maquinaria) y que producía para un mercado interno pequeño.
-el enfrentamiento de los grupos de presión para mantener o mejorar su situación.
- la inflación.


Las causas del estancamiento no eran coyunturales sino estructurales; sólo un cambio de la estructura económica, y especialmente de la explotación agropecuaria, podía revertir la situación, según el informe.
El análisis y las propuestas de la CIDE se enmarcaban dentro de la teoría “desarrollista” que en esos años se difundió en América Latina y que tenía entre sus impulsores a la Comisión Económica Para América Latina (CEPAL) y al economista argentino Raúl Prebisch. Esta teoría económica se centraba en la necesidad de planificar el desarrollo de los países. Las exitosas experiencias de economía planificada de los países socialistas y de algunos países de Europa Occidental en la posguerra, servían de ejemplo.
La CIDE propuso un plan de desarrollo cuyo primer paso era lograr un acuerdo entre los empresarios, los sindicatos y el gobierno para mantener fijas durante un años las tarifas públicas, los salarios y los precios . Luego se debían encarar reformas a fondo empezando por una reforma agraria ( con distribución de tierras y apoyo tecnológico), y siguiendo por la reforma del sistema bancario, la educación y la seguridad social. Una de las figuras destacadas del colegiado blanco, el Ministro de Ganadería Wilson Ferreira Aldunate, presentó en octubre de 1964 un plan de “vuelta al campo”, que incluía un proyecto de reforma agraria. La Asociación Rural se manifestó en contra y el proyecto, como otras de las reformas propuestas por la CIDE, no fue aprobado.

PROFUNDIZACIÓN DE LA CRISIS ECONOMICA Y SOCIAL
En el año 1965 la situación económica y social empeoró. En primer lugar se hicieron sentir las consecuencias de una intensa sequía que perjudicó al sector agropecuario. Por otra parte se produjo una crisis bancaria que provocó la quiebra del Banco Regional y del banco Transatlántico.
El estancamiento agropecuario. La crisis del sector agropecuario se venía arrastrando desde mediados de la década del 50. Durante el primer colegiado blanco (1958.1962) se había intentado abandonar el dirigismo estatal implantandose una política con orientaciones del liberalismo económico, pero no se había logrado salir de ese estancamiento. Durante el segundo colegiado blanco (1962-1966) se intentó aplicar el proyecto de la CIDE de orientación desarrollista, pero el resultado tampoco era bueno, más teniendo en cuenta que parte del proyecto ni siquiera se aplicó.
Del estudio realizado por la CIDE se desprendía que el crecimiento de la producción agropecuaria entre 1959 y 1961 era del 1,6% anual; se necesitarían 44 años para que la producción se duplicara. El mayor desarrollo se había dado en la agricultura para industrializar: lino, girasol, arroz, etc. En cuanto a la ganadería se había estancado la producción de ganado para carne, había crecido muy poco la producción de lana y el mayor crecimiento correspondía a la lechería. Desde hacía varias decenas de años el ganado vacuno estaba en alrededor de 8 millones de cabezas.
Cada vez era más evidente el atraso tecnológico y la mala distribución de las tierras. En Uruguay una res necesitaba entre 4 y 5 años para estar apta para faenar y la tasa de reproducción anual era de 56% (72% era en Argentina y 85% en Australia). Para obtener una tonelada de carne en el frigorífico, se necesitaba mantener en pastoreo 26 vacunos, mientras en Argentina bastaba con 17 animales. En cuanto a la tenencia de la tierra se mantenían el latifundio y el minifundio.
Los problemas de la industria.   La reforma cambiaria de 1959 le había quitado a la industria parte de la protección que recibía del estado. En 1963 la industria producía la mitad de lo que le permitía su capacidad. Había bajado la producción y por lo tanto también habían bajado las oportunidades de empleo. A haber menos empleo había menos consumo y como la industria producía para el mercado interno, descendía el consumo y en consecuencia seguía bajando la producción.
Las industrias dinámicas, que se habían desarrollado en base al proteccionismo del estado durante el neobatllismo, fueron las que tuvieron más problemas, especialmente las industrias del caucho, la metalúrgica y las de fabricación de equipos eléctricos.
En los años 60 se observan las siguientes características de la industria uruguaya:
a) en las industrias tradicionales predominaban establecimientos grandes con gran concentración de trabajadores, mientras en las industrias dinámicas predominaban los establecimientos medianos (menos de 100 trabajadores) o pequeños (menos de 20 trabajadores).
b) escasa importancia de la industria nacional en las exportaciones, con la excepción de la industria de la carne y de la lana.
c) mantenimiento de técnicas tradicionales y bajos niveles de eficiencia de las instalaciones, lo que reducía la calidad de los productos y su competitividad.
El desarrollo de los bancos y las actividades especulativas.   A partir de la reforma cambiaria impulsada por el ministro Azzini durante le primer colegiado blanco, se multiplicó la cantidad de bancos instalados en Uruguay. En 1963 había 63 bancos privados con cerca de 500 sucursales en todo el país. Esta cifra era desproporcionada teniendo en cuenta la población que tenía el Uruguay. Promedialmente había un banco cada 4.500 habitantes, mientras en Argentina había uno cada 14.000 habitantes. Además se instalaban otro tipo de negocios financieros conocidos como “casas bancarias”, cuyo funcionamiento no estaba regulado por la ley y por lo tanto carecían de control.
Gran parte de las actividades realizadas por los bancos privados y las casas bancarias giraban en torno a la especulación:
a) especulaban con la compra y venta de moneda extranjera.


b) intermediaban en la especulación de otros, otorgando créditos a los estancieros mientras estos retenían sus productos y no los exportaban presionando al gobierno para que devaluara la moneda nacional. Los grandes productores almacenaban la lana en los galpones y obtenían el préstamo para continuar sus actividades y el gobierno que necesitaba que se hicieran las exportaciones para que ingresara moneda extranjera que se volcaba al pago de las importaciones, debía ceder devaluando el peso uruguayo. De esta manera los estancieros exportadores obtenían mayor cantidad de pesos uruguayos por los dólares que recibían de su exportación. La devaluación también le servía a los bancos que especulaban con la compra y venta de moneda extranjera.
c) eran el vehículo a través del cual se producía la fuga de capitales, es decir la salida del país para invertir en otros países de dinero obtenido en la producción dentro del Uruguay. Ese dinero no se reinvertía dentro del país (por ejemplo mejorando la tecnología o pagando mejores salarios a la meno de obra calificada) sino que se enviaba a través de los bancos hacia el exterior, generalmente a depositar en lugares donde se pagaba mayor interés por los depósitos.
Las actividades especulativas sin freno en medio del estancamiento del país provocaron una crisis bancaria. En abril de 1965 uno de los bancos privados más importantes, el Banco Transatlántico, no pudo hacer frente a sus compromisos y quebró. El temor de que se produjera una corrida de los depositantes para retirar sus depósitos en otros bancos (porque a la caída del Banco Transatlántico podía seguirla la caída de otros) llevó al estado a intervenir varios bancos y establecer que el Banco República sería garantía de los depósitos hechos en los bancos privados. Los bancos permanecieron cerrados durante dos semanas para evitar los retiros de depósitos. También se establecieron mayores controles sobre las operaciones de los bancos. El resultado fue que disminuyó la cantidad de bancos, pero no la especulación que se concentró en menos manos y sobretodo en casas bancarias extranjeras con filiales en Uruguay que se vieron menos afectadas por la crisis bancaria.
Problemas sociales.  Mientras los precios subían (88% en 1965) los salarios bajaban. Tomando como base 100 en el año 1957, el salario real bajó a 80 en 1966. Mientras algunos sectores privilegiados aumentaron sus ingresos en forma permanente, otros, como las clases medias y bajas, que tenían ingresos fijos (salarios), sufrieron el impacto de la inflación. Comenzó a difundirse el trabajo “informal” al margen de la legalidad, la subocupación y el doble empleo para poder complementar los salarios bajos. En los alrededores de Montevideo se empezaron a ver asentamientos precarios, “los cantegriles”, donde proliferaba la miseria que era engrosada por la permanente migración del interior hacia la capital buscando mejores condiciones de vida.
El “éxodo rural”, traslado de población hacia las ciudades, y en el caso de Uruguay especialmente hacia Montevideo, se mantuvo y acentuó en esos años. En 1950 la población rural era el 20% de la población total del país. En 1960 había descendido al 15% y diez años después, en 1970 bajó al 11%.
La organización sindical había progresado tanto entre los obreros industriales como entre los “cuellos blancos” o sea los trabajadores de oficinas, como bancarios, funcionarios públicos, etc. A fines de la década del 50 se reinició el diálogo entre las diversas organizaciones sindicales tratando de formar una central única que reuniera a todos los sindicatos para lograr mayor fuerza en sus reivindicaciones. Esta central única se concretó en 1964 con la formación de la Convención Nacional de Trabajadores (CNT).
En el interior y en las zonas rurales la sindicalización de los trabajadores era difícil y existía una fuerte represión realizada por los sectores patronales. Quines intentaban formar sindicatos eran despedidos y circulaban “listas negras” con nombres de sindicalistas que no eran tomados para ningún empleo. A pesar de esto se hicieron esfuerzos para lograr la organización en aquellos lugares donde se concentraban cantidades considerables de trabajadores. Un ejemplo es la creación de la UTAA, Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas, integrada por los cañeros que trabajaban en la recolección de caña de azúcar en el norte del país. La UTAA organizó varias “marchas de cañeros” hacia la ciudad de Montevideo para dar a conocer sus malas condiciones de vida.
También los estudiantes se movilizaban a través de la FEUU, Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, reclamando no sólo por todo aquello que los afectaba como estudiantes sino por transformaciones económicas y sociales. Llevaron acciones conjuntas con los sindicatos de trabajadores poniendo en práctica la consigna “obreros y estudiantes unidos y adelante”.

LA REFORMA CONSTITUCIONAL Y LAS ELECCIONES DE 1966
Los sectores políticos predominantes, al no hallar solución a la crisis, culparon a la constitución de los males del país y se plantearon su reforma. La población, que había recibido con frialdad la reforma anterior, la del año 1952, no sentía atracción por el sistema colegiado y lo veía como un organismo irresoluto, donde se discutía mucho y se resolvía poco. Por lo tanto desde diversos sectores políticos se impulsó la reforma de la constitución.
En las elecciones de noviembre de 1966 se presentaron cuatro proyectos de reforma, conocidos por el color de la papeleta con los que se votaba:


- la reforma amarilla iniciada por algunos sindicatos y apoyada por el Partido Comunista que proponía volver al Poder Ejecutivo unipersonal, eligiendose el presidente en hojas separadas a las de diputados y senadores, y eliminaba las medidas prontas de seguridad para quitarle poder al presidente.
- la reforma gris inicialmente presentada por el Partido Nacional y que proponía volver al Poder Ejecutivo unipersonal aumentando los poderes del presidente y limitando algunos de los derechos individuales.
-la reforma rosada presentada inicialmente por el Partido Colorado, también proponía volver al ejecutivo unipersonal y aumentaba los poderes del presidente, pero fue dejada de lado al lograrse un acuerdo entre sectores colorados y blancos que dio origen al cuarto proyecto de reforma:
- la reforma naranja que fue que obtuvo el apoyo de la mayoría de los votantes (el 75% de quienes votaron). La reforma establecía significativos cambios en el Poder Ejecutivo: se eliminó el Consejo de Gobierno y se volvió al sistema unipersonal, o sea un Presidente, que sería electo cada 5 años y no podía ser reelecto. Acompañaban al presidente en su actuación un ministro, varios de ellos o el Consejo de Ministros.
La nueva constitución amplió las potestades del Poder Ejecutivo. Le dio la iniciativa exclusiva para presentar leyes referidas al orden económico y financiero del país (por ejemplo para aumentar el número de empleos públicos, aumentar los gastos del estado), la posibilidad de vetar leyes aprobadas por la Asamblea General (veto que ésta podía levantar pero con 3/5 de legisladores). Además el presidente podía enviar proyectos de ley de “urgente consideración” a la Asamblea y ésta tenía un plazo perentorio para rechazarlos, sino quedaban automáticamente aprobados. También incrementó el control del poder Ejecutivo sobre los entes autónomos.
El mismo día que se plebiscitó la reforma constitucional se celebraron las elecciones para elegir presidente. Continuaba acrecentandose la división la fragmentación interna de los partidos tradicionales: los colorados presentaron cinco candidaturas a la presidencia y los blancos tres. Bajo el mismo lema, blanco o colorado, se presentaban tendencias muy distintas y hasta contradictorias.
En el Partido Colorado el sublema Unión Colorada y Batllista (ex-lista 14), llevaba como candidato a la presidencia a Óscar Gestido, general retirado que había logrado el respaldo de la opinión pública por su buena administración como director de PLUNA y de AFE. Por su parte la lista 15 postulaba a Jorge Batlle quien tenía una propuesta económica liberal alejada del tradicional batllismo y de la propuesta original del quincismo fundado por su padre Luis Batlle Berres. La lista 99 postulaba a Zelmar Michelini quien se mostraba partidario de la planificación estatal y aplicar políticas de mayor justicia social. Había otras dos candidaturas coloradas que eran partidarias de mantener el sistema colegiado del Poder Ejecutivo: Amílcar Vasconcellos y Justino Jiménez de Aréchaga.
En el Partido Nacional se presentaban como candidatos a la presidencia: Martín Etchegoyen por una alianza de ex-ubedistas, herreristas y ruralistas; Alberto Gallinal por el Movimiento Nacional de Rocha y Divisa Blanca; Alberto Heber por el herrerismo.
En los partidos de izquierda también se observó la fragmentación y el Partido Socialista concurrió a las elecciones con dos tendencias: una moderada encabezada por Emilio Frugoni y otra más radical que proponía como presidente a José Pedro Cardozo. Como en el año 1962 se presentó una coalición de grupos encabezados por el Partido Comunista bajo el lema FIDEL.
Los sectores cristianos también fueron divididos: un sector más cercano a la izquierda (el Partido Demócrata Cristiano) y otro conservador (el Movimiento Social Cristiano).
Las elecciones del 27 de noviembre de 1966 dieron ganador a Óscar Gestido, interpretandose este hecho como la búsqueda de una autoridad fuerte ( por la formación militar del candidato) y una administración seria (por sus antecedentes en la administración de PLUNA y AFE).
Gestido designó un consejo de ministros que mostraba la ambiguedad de la política a seguir; había un desarrollista como Luis Faroppa en la Oficina de Planeamiento y un liberal como Carlos Vegh Garzón en el Ministerio de Economía. El aumento de la inflación provocó movilizaciones populares y la respuesta de Gestido fue implantar las medidas prontas de seguridad, lo que significaba suspender los derechos individuales. Esto provocó la renuncia de una parte de los ministros. El 23 de octubre Gestido anunció modificaciones importantes en la economía: se designó ministro a Cesar Charlone (había sido ministro de Gabriel Terra) y se decretó una fuerte devaluación del peso. Enseguida llegó al país una misión del Fondo Monetario Internacional. Parecía que Gestido iba a incluir a Uruguay en la política económica fondomonetarista.
Pero no tuvo tiempo de ver su obra porque el 6 de diciembre de 1967 falleció, cuando apenas hacía seis meses que había asumido la presidencia.

LA PRESIDENCIA DE PACHECO ARECO
Al morir el presidente asumió el gobierno el vicepresidente Jorge Pacheco Areco. Este no tenía muchos antecedentes políticos aunque pertenecía a una vieja familia montevideana y entre sus familiares antecesores hubo figuras que habían ocupado importantes cargos públicos. Había estudiado Derecho abandonado la carrera y había practicado boxeo (por eso en muchas caricaturas aparece representado con guantes de box, haciendo alusión además al uso de la fuerza). En 1962 había sido electo diputado.
A la semana de asumir la presidencia Pacheco tomó medidas que adelantaba como sería su gobierno: disolvió al Partido Socialista, a la Federación Anarquista y a otros movimientos izquierdistas menores y suspendió la publicación de los periódicos “El Sol” y “Epoca” acusándolos de estar vinculados a la acción del movimiento guerrillero.
Otro paso importante fue el cambio del consejo de ministros en mayo de 1868, con la intención de reforzar la tendencia liberal y fondomonetarista. Se mantuvo a Charlone en Economía y se incorporaron figuras vinculadas a los medios empresariales como Jorge Peirano Facio, Carlos Frick Davies y José Serrato. Se aumentaba así la presencia de representantes de los sectores económicos dominantes, especialmente de la banca, capaces de tomar medidas antipopulares sin tener que rendir cuentas al electorado; al no ser políticos “de profesión” no dependían de las elecciones y no tenían que pagar “costos políticos”.


En junio se implantaron medidas prontas de seguridad con motivo de una huelga de empleados bancarios. Poco después Pacheco decretó la congelación de precios y salarios, anulando el esperado ajuste salarial que se esperaba para el día 1 de julio. En los primeros seis meses del año se había dado un gran aumento de precios que no había sido acompañada por el aumento de salarios, por lo que el congelamiento significaba una reducción salarial. Las medidas de seguridad eran para impedir las protestas ante esa rebaja. La congelación de los salarios coincidía con la postura del FMI de que la inflación era producto de una demanda excesiva provocada por el aumento de sueldos. Había que reducir las posibilidades de comprar para detener la suba de los precios. Para controlar los precios, también fijados por el gobierno se creó la Comisión de Productividad Precios e Ingresos (COPRIN). Uno de los resultados del control de precios fue que muchos productos desaparecieron de la venta al público provocando escases. Esos mismo productos se vendían clandestinamente a un precio superior (mercado negro)
¿Con qué poyo contaba Pacheco? En el Partido Colorado lo apoyaban su sector, la Unión Colorada y Batllista, y Unidad y Reforma (lista 15) sector que era liderado por Jorge Batlle, hijo de Batlle Berres. No lo apoyaban los sectores dirigidos por Zelmar Michelini (lista 99) y Amílcar Vasconcellos. Pacheco busco ampliar su apoyo en el parlamento con sectores del Partido Nacional, logrando la alianza del sector más conservador del herrerismo dirigido por Martín Etchegoyen.
Pacheco contaba también con el apoyo de los sectores empresariales que veían en el uso de la mano dura la posibilidad de frenar los reclamos de los gremios de trabajadores. Como forma de apoyar al gobierno abandonaron sus actividades especulativas para mejorar la economía y hacer de Pacheco un presidente que contara con el apoyo de la clase media que reclamaba estabilidad.
Además Pacheco buscó el apoyo de la población motivando el nacionalismo, planteando que estaba en juego la supervivencia del Uruguay ante un enemigo externo. Se presentaba a si mismo como “el defensor de las libertades amenazadas” y como el gobernante que está “solo con su pueblo”. De esta manera mostraba una imagen de conductor líder que no es político, imagen que podía ser útil en una sociedad que empezaba a mirar con desconfianza y recelo a “los políticos”.
Las medidas de Pacheco fueron volviéndose cada vez más autoritarias y contrarias a las libertades. Desde la oposición se comenzó a hablar del “pachecato”, insinuándose que el presidente gobernaba al margen de la constitución.
Entre esas medidas autoritarias se encuentran:
1) El uso permanente de las medidas prontas de seguridad que en la Constitución estaban previstas sólo para casos excepcionales (entre 1968 y 1971 se aplicaron en todo el período salvo durante tres meses).
2) Violación de los derechos humanos, uso de malos tratos y torturas según lo comprobó el Senado en un informe de 1969.
3) Limitación de la libertad de prensa: se prohibía informar de paros, huelgas y acciones de la guerrilla, y se clausuraron varias publicaciones.
4) Militarización de los funcionarios públicos (y también los privados en el caso de los bancos) para obligarlos a trabajar e impedir que hicieran huelga.
5) La intervención de organismos públicos desconociendo su autonomía. El presidente dispuso la intervención del Consejo de Secundaria y de la Universidad del Trabajo, de UTE y de AFE.
6) El uso de la fuerza policial para impedir cualquier manifestación de protesta contra el gobierno. Se fue haciendo normal que las movilizaciones sociales fueran reprimidas con cachiporras, lanza-aguas, gases y finalmente con armas de fuego. La violencia se fue transformando en algo cotidiano y a medida que se hacía más común, tanto la del gobierno como la de la guerrilla, la población comenzó a mostrarse indiferente.
El 14 de agosto de 1968 murió el estudiante Liber Arce luego de ser baleado por la policía en una manifestación. En setiembre murieron dos estudiantes más: Susana Pintos y Hugo de los Santos, mientras hacían una “pintada”. En enero de 1969 fue muerto el obrero municipal Arturo Recalde y en julio y setiembre de 1971 fueron muertos dos estudiantes más: Heber Nieto y Julio Spósito.
¿Qué actitud tomó el Poder Legislativo ante estos desbordes del Ejecutivo? El Parlamento estaba ante el dilema de reprimir la violencia de la guerrilla sin darle pie al presidente para reprimir en general. Los legisladores pertenecientes a los sectotres que apoyaban a Pacheco consideraban que si se limitaba el accionar del Poder Ejecutivo se estaba favoreciendo a la guerrilla y preferían el autoritarismo del presidente. Los sectores de la oposición se mostraban vacilantes, sobretodo del Partido Nacional. La izquierda, que tenía pocos representantes en el legislativo, intentó detener el autoritarismo del gobierno creando una Comisión de Defensa de las Libertades.
Ante la inercia de los partidos políticos y el aumento del autoritarismo del Poder Ejecutivo, se fue desarrollando, sobretodo en los jóvenes, la idea de que la fuerza podía ser un instrumento válido para hacer los cambios. Y a la violencia de un lado se le contestaba con la violencia de otro lado.

LA GUERRILLA URBANA: LOS TUPAMAROS
En los años 60 el desprestigio de la clase política aumentó rápidamente. A la incapacidad para enfrentar la crisis se agregaba la corrupción, el clientelismo (otorgar cargos públicos a cambio del voto) y los privilegios que los políticos se votaban para sí. Entre estos privilegios se encontraban un sistema de jubilaciones especiales para quienes ocupaban cargos de gobierno, una ley que otorgaba préstamos de hasta 10 salarios a los legisladores, préstamos especiales para la compra de viviendas y la famosa “ley de autos baratos” que permitía a los legisladores importar automóviles sin pagar impuestos.
La desilusión de los votantes se puede observar en el cambio de los sectores más votados en cada elección; era evidente que la mayoría desconforme buscaba un cambio: en 1954 había ganado la 15; en 1958 había ganado el herrerismo, en 1962 la UBD, y en 1966 la Unión Colorada y Batllista. Pero el cambio se buscaba dentro de las opciones que ofrecían los partidos tradicionales.
Los sectores de izquierda que habían conformado alianzas electorales no habían obtenido todo el respaldo que esperaban. Mientras el Partido Comunista realizaba una estrategia de ir sumando voluntades a largo plazo, algunos sectores de izquierda consideraban que era necesaria una solución más rápida. El triunfo de la revolución cubana en 1959 fue un estímulo para plantearse alternativas que no pasaban necesariamente por las urnas electorales. El propio régimen cubano de Fidel Castro prometía apoyar a todos los movimientos latinoamericanos que se plantearan la lucha antiimperialista. Los partidos de izquierda de Latinoamérica, incluyendo los uruguayos, consideraban a los gobiernos locales como títeres de los intereses de EEUU, por lo tanto la lucha contra “el imperialismo yanqui” era también una lucha contra los gobiernos locales acusados de corrupción, autoritarismo, etc.


También fue importante la influencia de los movimientos revolucionarios de los territorios de Africa y Asia que procuraban la descolonización, tanto en el aspecto ideológico como en las estrategias y símbolos usados.
Todos estos factores, internos y externos, fueron dando forma a un movimiento que buscó los cambios mediante el uso de la fuerza: el uso de la lucha armada para conseguir el gobierno. El giro autoritario de los gobiernos del 60 les dio una justificación: ya no se podía esperar nada de las vías legales.
La principal organización armada fue el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros (MLN-T). Su origen se encuentra en la coordinación de varios movimientos, algunos creados para el uso de la acción directa y otros para defenderse de la represión. Fue importante en su creación el sindicato de cañeros de Bella Unión (UTAA) y grupos de jóvenes que se habían separado de los partidos de izquierda. Entre estos jóvenes se encontraba quien iba a ser su máximo dirigente: Raúl Sendic. Militante del Partido Socialista y estudiante de Abogacía, se trasladó al interior con la intención de organizar a los trabajadores rurales. Allí surgió su vinculación con los “peludos”, los trabajadores de caña de azúcar del norte del país que vivían en miserables condiciones.
En una primera etapa sus actividades estaban dirigidas a conseguir armas y dinero, siendo una de sus primeras acciones el asalto al Club de Tiro de Nueva Helvecia en 1963. Pero su organización recién se concretó en 1965 y va a aparecer a la luz público en 1966 cuando tienen su primer enfrentamiento con la policía.
Los tupamaros consideraban más importante el accionar que el debate ideológico: “las ideas nos separan la acción nos une” sostenían. Por lo tanto no tenían una ideología clara y definida como era tradicional en los grupos de izquierda. Precisamente esto permitió la presencia de militantes de distinto origen (socialistas, comunistas, anarquistas, cristianos, blancos y colorados). En los primeros documentos publicados se establecía como objetivos la liberación nacional del control que hacían las empresas trasnacionales, el antiimperialismo, la solidaridad, la lucha contra la corrupción. Eran ideales típicos de los jóvenes de clase media urbana que se sintieron atraídos por esta organización. Incluso una parte considerable de la población no vio mal, que aún usando medios violentos, se descubrieran negociados y delitos económicos de las grandes empresas.
Un ejemplo del accionar del MLN-T fue el asalto a la Financiera Monty en febrero de 1969. Además de llevarse el dinero, retiraron los libros de contabilidad de la empresa donde constaban actividades ilícitas que involucraban a funcionarios del gobierno. La documentación fue entregada luego a un juez para que procediera judicialmente. También se veía con cierta simpatía el asalto a los supermercados y la posterior entrega de los alimentos en los cantegriles.
Pero los enfrentamientos con la policía, el copamiento de la ciudad de Pando y el secuestro de dirigentes políticos o diplomáticos extranjeros, le fue quitando apoyo de la población y provocó su aislamiento, incluso con respeto al resto de la izquierda. Entre los hechos más violentos se encuentran la voladura con explosivos de las fábricas de General Motors y Sudamtex y el asesinato del estadounidense Dan Mitrione, integrante de la CIA que asesoraba a la policía de Montevideo. Entre 1969 y 1971 se produce el momento de mayor dureza por el enfrentamiento a Jorge Pacheco Areco, quien había decidido “no negociar con delincuentes”.
A medida que el MLN-T fue creciendo en integrantes y extendiendo sus actividades se fue proponiendo nuevas formas de accionar. Tratando de poner en práctica las ideas de Ernesto Guevara sobre el “foquismo” (crear un “foco” revolucionario, o sea un territorio liberado donde la guerrilla pudiera gobernar y crear así gobierno revolucionario para contraponer al estado), se decidió llevar sus actividades al interior del país. Se creó el Plan Tatú consistente en crear refugios subterráneos desde donde operar con mayor cobertura (imitando lo realizado por los vietnamitas en su lucha contra EEUU).
El MLN-T fue el grupo armado más importante pero no el único. Aparecieron otras organizaciones que realizaron actividades de menor magnitud como la Organización Popular Revolucionaria (OPR-33) y el Movimiento Revolucionario Oriental (MRO). Por su parte desde la derecha aparecieron grupos minoritarios que utilizaron la violencia contra militantes de izquierda: la Juventud Uruguaya de Pie (JUP) y el Comando Caza Tupamaros.

LAS ELECCIONES DE 1971
Dos novedades importantes se producen en las elecciones de 1971. Una es el intento de la Unión Colorada y Batllista de reelegir a Jorge Pacheco Areco como presidente; para lograr la reelección era necesaria una reforma de la constitución la que se plebiscitó el mismo día del acto electoral. Por lo tanto quienes votaban a Pacheco también votaban por la reforma de la constitución y también tenían que votar por el otro candidato propuesto por la Unión Colorada y Batllista por si no salía la reforma de la constitución.
La otra novedad fue la unión de los grupos de izquierda y de sectores desprendidos de los partidos tradicionales para formar el Frente Amplio. A comienzos de 1971 la lista 99 de Zelmar Michelini y el Partido Demócrata Cristiano convocaron a otras fuerzas políticas para constituir un frente de partidos que llevara adelante cambios económicos y sociales. A esta convocatoria se adhirieron grupos y dirigentes de los partidos tradicionales (Alba Roballo, Francisco Rodríguez Camusso), el Partido Socialista, el Partido Comunista, la Unión Popular de Enrique Erro y otros grupos de izquierda que se habían ido formando a fines de la década del 60. También participaban destacados intelectuales y figuras independientes como el periodista Carlos Quijano (director del semanario Marcha), el Dr. Juan José Crottogini, etc. El frente Amplio presentó como candidato a la presidencia al General retirado Liber Seregni que había sido jefe de la Región Militar Nº 1 y había renunciado por discrepancias con Pacheco.
En el Partido Colorado se presentaban los “pachequistas” con dos candidatos: Pacheco (si se aprobaba la reforma constitucional y salía la reelección) y Juan María Bordaberry (ex-integrante del ruralismo de Nardone). El Batllismo tenía dos candidatos: Jorge Batlle por la lista 15 y Amilcar Vasconcellos por los batllistas radicales.
En el Partido Nacional había dos candidatos con propuestas bien diferentes: Wilson Ferreira Aldunate con una propuesta reformista (“Nuestro compromiso con UD.”) que se acercaba a las propuestas de la izquierda y el Gral. Mario Aguerrondo con una propuesta conservadora y autoritaria cercana a la del pachequismo.
En las elecciones de noviembre de 1971 triunfó el Partido Colorado por un estrecho margen: 12 mil votos más que le P. Nacional. No alcanzaron los votos para reformar la constitución y Pacheco, a pesar de ser el candidato colorado más votado, no fue reelecto. El nuevo presidente era Juan María Bordaberry. La izquierda reunida en el Frente Amplio logró el 18% de los votos constituyendose en la tercera fuerza política del país. Se había roto el bipartidismo.









SEGUNDA PARTE:
LA MARCHA HACIA EL GOLPE


LA PRESIDENCIA DE BORDABERRY
Bordaberry provenía de una familia de grandes estancieros. Su padre Domingo Bordaberry había sido senador colorado y dirigente rural. Juan María Bordaberry había sido electo senador por el P. Nacional en 1963 e integró varias directivas de los gremios de propietarios rurales. En 1969 Pacheco lo había llamado para ocupar el Ministerio de Ganadería.
Al asumir la presidencia en marzo de 1972, la primer tarea encarada por el presidente fue logara una acuerdo con diversos sectores políticos de los partidos tradicionales para tener respaldo en el Parlamento. Contaba con el apoyo del pachequismo y de la lista 15 dentro del P. Colorado y logró un acuerdo con los sectores más conservadores del P. Nacional: los sectores de Etchegoyen , Matio Heber y Washington Beltrán. El acuerdo se hacía para obtener el apoyo a una serie de leyes dirigidas a profundizar las medidas económcas tomadas por Pacheco.
Un equipo de economistas provenientes de la lista 15, dirigida por Jorge Batlle, se encargó de la economía del nuevo gobierno.  Las primeras medidas fueron de ajuste: se aumentaron los precios y la inflación llegó al 94% mientras los salarios caían un 17% y las jubilaciones un 23%. Se elaboró una propuesta económica conocida como Plan Nacional de Desarrollo cuyos creadores más importantes eran los contadores Ricardo Zerbino y Alberto Bensión. El plan, que tenía una duración de cinco años, procuraba limitar la acción del estado, dar más participación a las actividades privadas y abrir la economía al exterior. Este plan fue la base del que después se instrumentó durante la dictadura.
Entre las características del gobierno de Bordaberry se destaca el incremento de la violencia tanto de la guerrilla como de la represión y de los grupos de derecha. El Parlamento, máximo representante del sistema político ante los ojos de la ciudadanía, se mostraba impotente para frenar el autoritarismo del gobierno. Era cada vez más evidente la división en dos sectores bien diferenciados: la mayoría del Partido Colorado, los sectores blancos herreristas y los sectores empresariales  por un lado; el frente Amplio, los sectores blancos encabezados por Wilson Ferreira Aldunate, un pequeño sector colorado (los batllistas radicales de Vasconcellos) y los sindicatos unidos en la CNT, por otro lado.
El enfrentamiento entre el MLN-T y el gobierno entró en una etapa de mayor intensidad. En abril de 1972 se dieron varios hechos que marcan la intensidad de la lucha y que tendrán importantes consecuencias:
12 de abril: fuga de tupamaros del Penal de Punta Carretas.
14 de abril: un comando tupamaro da muerte a varios militares y al ex-subsecretario del Ministerio del Interior Armando Acosta y Lara, a quienes acusaba de ser responsables de torturar a los detenidos. Como represalia las Fuerzas Conjuntas (las Fuerzas Armadas estaban participando en la lucha contra el MLN-T) allanaron varios locales donde se refugiaban integrantes del MLN-T y dieron muerte a ocho de ellos.
15 de abril: el Parlamento aprobó la suspensión de los derechos individuales y declaró el estado de guerra interno.
17 de abril: un grupo de soldados asaltó un comité del Partido Comunista y mueren 8 militantes de ese partido y un oficial de las FFAA.
El 18 de mayo el MLN-T atacó el domicilio el Comandante en Jefe del Ejército matando a cuatro soldados de guardia. El contraataque de las Fuerzas Armadas fue total: se reforzó la tortura para obtener informaciones, se creó un clima de guerra a través de comunicados por radio y televisión y unificó las acciones en su mando sin reconocer ninguna otra autoridad. La Fuerzas Armadas se habían vuelto autónomas, actuaban por su cuenta y al margen de la constitución.

EL AUMENTO DEL PODER MILITAR
Durante el último año del gobierno de Pacheco, en setiembre de 1971, se había dado participación  al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea en la lucha contra la guerrilla, formando las Fuerza Conjuntas. Esto dio un mayor protagonismo al ejército y a sus jefes en la toma de decisiones mientras se producía un retraimiento del poder civil. La tarea asignada a las fuerzas Conjuntas les permitió manejar un vasto caudal de información y trazar sus propios objetivos políticos.
¿Desde cuándo el Ejército tenía objetivos políticos propios? Los uruguayos consideraban que las fuerzas armadas no se inmiscuían en la política y estaban lejos de pensar en un golpe de estado o un gobierno militar como los que se daban en otros países de Latinoamérica. Se creía que Uruguay era una “excepción” entre los países latinoamericanos asolados por los permanentes golpes militares.
Sin embargo en el ejército se estaban desarrollando algunas ideas referidas a la “seguridad nacional” que tenían relación con la política. Oficiales de las Fuerzas Armadas de Uruguay concurrían a los cursos, conferencias, seminarios, etc organizados por el gobierno de EEUU. Este había diseñado la “doctrina de seguridad nacional” en el marco de la Guerra Fría con la URSS. Basada en “la doctrina Truman” (Harry Truman, presidente de EEUU entre 1945 y 1952, con el se inicia la guerra fría), veía a todos los conflictos locales como parte del conflicto mundial entre los dos bloques; la revolución cubana y las relaciones de Cuba con la URSS eran consideradas peligrosas por que abrían la posibilidad de que la URSS aumentara su influencia en América Latina.
La guerrilla tupamara y la formación de un frente de izquierda en el cual se encontraba el Partido Comunista, eran considerados elementos peligrosos para la seguridad nacional. El propio presidente Bordaberry en sus discursos se refería a un enfrentamiento entre el orden y la subversión, incluyendo dentro de este concepto no sólo al MLN-T sino a todos los sectores políticos, sindicales e intelectuales con los cuales discrepaba.
En julio de 1972 el Parlamento, con votos colorados y blancos, luego de intensos debates, aprobó la Ley de Seguridad del Estado. De acuerdo a su texto se consideraban como delitos militares ciertos delitos que hasta entonces eran competencia de los jueces comunes y se ampliaron las penas para esos delitos. El ejército desplazaba a la policía y a la justicia civil en la lucha contra la guerrilla y se encargaba del control de los detenidos. Estos ya no iban a estar en las cárceles comunes sino en dependencias militares.
El enfrentamiento con los tupamaros sirvió de excusa a las Fuerzas Armadas para justificar los desbordes autoritarios y ocupar espacios cada vez mayores. Se hicieron frecuentes las denuncias por torturas y detenciones sin pruebas. El Poder Ejecutivo respaldó el accionar militar y se produjo un enfrentamiento cada vez mayor con el Frente Amplio y los sectores blancos liderados por Ferreira Aldunate.


En octubre de 1972 la eficaz labor de las Fuerzas Conjuntas había liquidado al MLN-T. Sus principales dirigentes estaban encarcelados, incluyendo a Raúl Sendic, y sus locales clandestinos habían sido descubiertos. Fue también a `partir de ese mes de octubre que las fuerzas armadas mostraron su intención de desobedecer a la Constitución. Un primer hecho  que muestra esa intención fue el episodio en el que, frente a la resolución de un juez de liberar a cuatro médicos detenidos, los oficiales del cuartel donde estaban los prisioneros se negaron a cumplir la orden judicial. El Ministro de Defensa Augusto Legnani dio orden al Comandante del Ejército para que la orden se cumpliera pero los oficiales mantuvieron su negativa y recibieron el apoyo del Comandante de la Región Militar Nº 1 General Estaban Cristi.

LOS SUCESOS DE FEBRERO DEL 73
En febrero de 1973 se produjo otro hecho que marca el predominio de los militares. El Ejército y la Fuerza Aérea rechazaron la designación del Gral. Retirado Antonio Francese como Ministro de Defensa Nacional. En un comunicado difundido por la cadena nacional de radios y televisión, el 8 de febrero, declaraban “desconocer las ordenes del Ministro Francese al mismo tiempo que sugerir al señor Presidente de la República la conveniencia de su relevo”. Era un desconocimiento a la autoridad del presidente.
La Armada, dirigida por el Vicealmirante Juan José Zorrilla, se mantuvo fiel al presidente y ocupó la Ciudad Vieja. El presidente Bordaberry buscó el apoyo de la ciudadanía y de los sectores políticos convocando a una manifestación frente a la casa de gobierno sin obtener resultado. El desprestigio que había generado su actuación hizo que su llamado no tuviera respuesta. La mayoría de los oficiales de la armada desconocieron la autoridad de Zorrilla y este debió renunciar, plegandose la marina al desconocimiento.
Los militares dieron a  conocer algunos comunicados donde planteaban la necesidad de acabar con la corrupción y tomar algunas medidas económicas reclamadas por la oposición: eliminar la deuda externa, aumentar el empleo, incentivar las exportaciones, aumentar la producción nacional, etc. Estos comunicados provocaron confusión sobretodo a nivel de la izquierda, porque el texto de los comunicados creó la expectativa de que había un sector militar “progresista”.  Algunos dirigentes de la Convención Nacional de Trabajadores procuraron una reunión con los militares para buscar puntos en común.
Por otra parte el líder del Frente Amplio, Liber Seregni, y el líder blanco Ferreira Aldunate, plantearon la necesidad de que Bordaberry renunciara a la presidencia.
La crisis de febrero fue resuelta cuando Bordaberry se reunió con los militares y accedió a su planteo retirando a Francese del Ministerio de Defensa. El acuerdo entre Bordaberry y los militares, conocido como el Pacto de Boizo Lanza por ser el nombre de la base de la Fuerza Aerea donde se reunieron, establecía además que las Fuerzas Armadas tenían la misión de brindar seguridad al desarrollo nacional y podían participar en el gobierno. Para esto se creó un nuevo organismo, al margen de la Constitución, el Consejo de Seguridad Nacional (COSENA) integrado por el Presidente, los ministros de Defensa, Interior, relaciones Exteriores, Economía, el director de la Oficina de Planeamiento, los Comandantes del Ejercito, la Armada y la Fuerza Aérea y el Jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Conjuntas, cargo que en ese momento desempeñaba el General Gregorio Alvarez.

LA DISOLUCIÓN DE LAS CAMARAS
Los sucesos de febrero se pueden considerar como un golpe de estado, ya que los militares habían desconocido la Constitución y posteriormente de acuerdo con el presidente habían creado un organismo donde gobernaban junto con las autoridades constitucionales. Era la culminación de una carrera hacia el autoritarismo, donde no sólo participaban militares, sino también civiles. Entre febrero y junio, los jefes militares y los civiles partidarios de una solución autoritaria, prepararon el camino para terminar con lo que aún quedaba de la Constitución.
El marzo el Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto declarando el “estado peligroso” que acentuaba el uso de la represión. Si bien consideraba que “militarmente la subversión ha sido derrotada”, sostenía que había otras fuentes de subversión que debían ser eliminadas. El proyecto levantó protesta en los sindicatos y en la oposición.
A fines de abril Bordaberry envió al Senado un pedido de desafuero para el senador frenteamplista Enrique Erro a quien un juez militar quería juzgar por supuestos contactos con integrantes del MLN-T. El asunto comenzó a ser estudiado por el senado mientras se sometía a Erro a una permanente vigilancia y persecución.
El Senado rechazo el pedido de desafuero. En junio el presidente implantó las medidas de seguridad y detuvo al presidente del Directorio del Partido Nacional, Capitán retirado Omar Murdoch.
El 27 de Junio el Poder Ejecutivo decretó la disolución del Parlamento y de las juntas Departamentales, estableció la censura de la prensa y limitó el derecho de reunión. Con estos hechos se completaban la marcha hacia la dictadura.
La Convención Nacional de Trabajadores resolvió hacer una huelga general por tiempo indeterminado para detener el golpe y se produjeron manifestaciones de protesta. Pero el Poder Ejecutivo mantuvo el control de la situación. Poco después comenzó la detención de todos aquellos que el régimen consideraba peligrosos para su mantenimiento.
Wilson Ferreira Aldunate, que había votado en el Parlamento la Ley de Seguridad del Estado que dio amplios poderes a los militares, reconoció luego: “Nos equivocamos. Les dimos poderes (a los militares) que no se usaron para aquello que se pidieron... Quizás hayamos olvidado que para imponer la libertad, el arma más poderosa que el hombre ha inventado es la propia libertad”.






 








                                                                          


4 comentarios:

  1. Muy interesante y útil que necesitaba para el liceo, pero se podría especificar las fuentes?

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  2. Alberto la verdad que me ha servido no solo para el examen que tengo para la facultad mañana, sino para la vida!! es muy emotivo saber la historia de nuestro pais, y como mis viejos la vivieron ! Gracias absolutas.

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  3. La verdad que un excelente trabajo, muy interesante saber de nuestra historia, y es muy bueno el hecho de que en ningún momento se marco una tendencia hacia alguno de los "bandos".
    Tengo 17 años y me va a servir mucho este trabajo.

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